La ley de la segunda oportunidad es un mecanismo legal que se aplica para resolver situaciones de insolvencia de personas físicas y jurídicas. De esta forma, tanto autónomos como particulares y familias con problemas de sobreendeudamiento pueden acceder a la ley para solicitar la exoneración total o parcial de sus deudas. Te contamos sus detalles.
Ley de la segunda oportunidad: velocidad de tramitación
Antes de la reforma de la Ley Concursal, la tramitación habitual se prolongaba durante uno o dos años. Actualmente, el tiempo se ha limitado a un máximo de 18 meses. La duración del procedimiento de la ley de la segunda oportunidad también depende de los acuerdos logrados en el proceso:
- Fase de documentación: Es una de las más importantes, ya que de ella depende en gran medida una exitosa resolución del caso. Se debe aportar todos los documentos y certificados que acrediten cómo se ha llegado a la situación de insolvencia.
- Fase extrajudicial: En esta fase se intenta llegar a un acuerdo con los acreedores. Se trata de reestructurar la deuda para facilitar su pago. Puede tener una duración de entre dos y cuatro meses.
- Fase judicial: Es la fase de liquidación de la deuda, ya sea a través de los bienes, la dación en pago o, con la nueva ley, con un plan de pagos. La obtención de la exoneración o la reducción de las deudas es la parte final del procedimiento. Es lo que se conoce como el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).
¿Es más rápida la ley de la segunda oportunidad en 2022?
Tras la reforma de la Ley Concursal se ha simplificado el acceso a la ley de la segunda oportunidad y sus requisitos. Uno de los grandes cambios en este sentido ha sido la supresión del acuerdo extrajudicial de pagos. Al no tener que pasar obligatoriamente por esta fase, disminuye en gran medida el tiempo de tramitación.
Por otro lado, se reducen también los costes del proceso. Los juzgados de lo mercantil son los encargados de gestionar la solicitud. Por tanto, se puede prescindir de la figura del mediador y el administrador concursal y no es necesario el pago notarial.
Por último, se paraliza toda medida ejecutiva. En este tiempo los deudores no seguirán sumando intereses y se paralizarán las órdenes de embargo. Además, los juzgados pedirán de oficio la eliminación de deudores de las listas de morosos particulares.
Aunque el procedimiento y los trámites se han agilizado, hay algunos factores externos de los juzgados o de la propia gestión que pueden alargarlo. Por ejemplo, una documentación incorrecta o entregada fuera de plazo. Por la complejidad del trámite, siempre se recomienda el acompañamiento de profesionales que aseguren un buen resultado. Para saber más sobre los pros y los contras de la ley de la segunda oportunidad y sus requisitos de acceso, consulta nuestro blog.
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